Visitamos el lugar y pudimos comprobar que se trata de vecinos que, salvo una excepción, son personas que necesitan protección y ayuda desde el Estado para lograr revertir su situación de desamparo actual.

Precisamente el Municipio se aferra a esa excepción para acusar a todos de malvivientes, cosa que la propia Justicia en su resolución se esmera en diferenciar, reconociendo el estado de emergencia y necesidad habitacional que llevo a estas familias a ocupar el inmueble.

Se trata de la causa por usurpación de vivienda, conocida como la “Escuela 15 vieja”, cuya sentencia de primera instancia fue dictada el 5 de este mes de octubre por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Junín.

Este fallo hace lugar a la cautelar, ordenando desocupar el inmueble en un plazo de 10 días desde su notificación, caso contrario dispondrá el lanzamiento de sus ocupantes por la fuerza pública, es decir una acción judicial de desalojo.

En sus considerandos e incluso en sus partes resolutivas, la jueza interviniente solicita que la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad disponga las medidas necesarias para resguardar la integridad física de estas familias que, según la misma Justicia reconoce, se encuentran en una situación de emergencia habitacional e incluso dice taxativamente sin posibilidades de reinserción laboral.

Y lo grave de la situación es precisamente la inacción de esta Secretaría ante el inminente desalojo de estas familias donde hay muchos niños menores y una de ellas está constituida por una mama sola con sus cuatros hijos.

Precisamente concurrimos al lugar convocados por esta mujer que junto a los demás viven horas de angustia, atento el destrato sufrido por esta dependencia de acción social del municipio.

De acuerdo a lo narrado, concurrieron a las oficinas donde la propia secretaria Nora Calderone les dijo que se debían arreglar solos y una vez que se fueran analizaría si los podrían ayudar con un porcentaje del alquiler de una casa que deben conseguirse ellos mismos.

Todo lo contrario de otras fuerzas políticas como Ricardo Rivolta de Unidad Ciudadana y Pablo Molina del Frente 1País, quienes escucharon a estos vecinos y les ofrecieron la ayuda posible para quienes no disponen del poder que tiene un Ejecutivo, asesorándolos desde el punto de vista jurídico y psicológico.

Resulta muy penoso el comportamiento de estos funcionarios del área de acción social del Gobierno municipal, que están demostrando una gran carencia de valores esenciales que debe poseer un ser humano, como la compasión ante la necesidad de un prójimo.

Están a tiempo de revisar sus conciencias.