La Defensoría del Pueblo de la Provincia se opone a los nuevos incrementos en el gas. Su titular, Guido Lorenzino, planteó que “discutir aumentos es irresponsable, la gente no aguanta más"

En el plano local, el titular de la Oficina de la Defensoría, Ramiro Baguear, recuerda a los usuarios de Rojas, que disponen de este ámbito para llevar sus reclamos ante los organismos que correspondan.

En el marco de las audiencias públicas, Lorenzino advirtió que “el Gobierno tomo postura a favor de los poderosos y no quiere escuchar. Necesitamos construir paz social, discutir aumentos es irresponsable porque la gente no aguanta más”

“No pidan responsabilidad al laburante que no puede pagar la factura o que se endeudo para pagar la última boleta de gas”, añadió, para luego dar cuenta que “la ausencia del Estado y el Enargas da vergüenza ajena, lo único que hacen es cuidar los intereses de las empresas”

“No sabemos cómo vamos a pagar la próxima factura, como vamos a llegar a fin de mes, no sabemos cuál es el valor del dólar, ni la inflación, no sabemos nada y ustedes quieren certeza y pretenden que esa certeza la pague la gente a la que le aumentaron todos los servicios públicos un 300, 500 o 1000 por ciento”, prosiguió el ombudsman.

Luego exclamó: “si ustedes no entienden que la paz social se construye en esos ámbitos donde toman decisiones, no entienden que se está poniendo en juego. Estamos indefensos ante directivos de empresas que siguen haciendo negocios, nos toman el pelo y, lamentablemente, el Estado no salda las diferencias entre poderosos y débiles, porque toma posición a favor de los que más tienen”.

“Llegamos a esta situación que nos pone en un estado limite. Les pido responsabilidad, la gente no aguanta más. Primero tómense el trabajo de enderezar el barco que se está yendo a pique, y entre todos pongamos el hombro, pero los que más tienen, deben ser muchos más responsables”, prosiguió el diputado provincial con mandato cumplido.

En igual tenor, alertó: “Tienen que parar la pelota, estabilizar la economía, dar previsibilidad y pensar de qué manera los servicios públicos vuelven a ser pagables la gente no puede pagar y tampoco puede achicar más. Han sido torpes, arteros, en cargar todo el costo del cuadro tarifario en la gente y no en las empresas, que tampoco hacen las inversiones que dijeron que iban a hacer”.

Para finalizar, reiteró el pedido de que las audiencias públicas tengan carácter vinculante “para que lo que allí se debata tenga algún efecto en los cuadros tarifarios y no un mero formalismo, habida cuenta de que, con las actuales reglas de juego, los consumidores son perjudicados”

“Como el marco de legalidad está garantizado, los lugares que uno tiene de fuga para reclamar son pocos. Nosotros los hemos explorado todo: acciones administrativas, judiciales, y nunca hemos tenido respuestas más allá de dilaciones, de medidas cautelares. Pero la discusión de fondo, que es cómo se aumentan los servicios, el gobierno la cerró y no se puede dar”, sentenció.