Aquí en Rojas, estos pesticidas, ¿serán responsables de las enfermedades respiratorias que afectan a una gran cantidad de vecinos?

Prestigiosos neumólogos de la región así lo aseguran en forma reservada, atento las políticas que llevan adelante las instituciones públicas y privadas donde ejercen su profesión.

En cuanto a los trabajadores del INTA, reaccionaron ante un documento presentado por los secretarios de Agroindustria, Miguel Etchevehere; Ambiente, Sergio Bergman; Ciencia y Tecnología, Lino Barañao y Salud, Adolfo Rubinstein.

Estos funcionarios hacen una defensa del uso indiscriminado de los pesticidas y agroquímicos, y recomiendan llamarlos “productos fitosanitarios”, como si llamarlos de esa forma, evitara las muertes que causan. Resaltan los beneficios de su aplicación para una agricultura sostenible y sustentable, favoreciendo el llamado agronegocio.

La aplicación de agrotóxicos implica necesariamente tener en cuenta distancias mínimas (en algunos casos de hasta dos mil metros) para proteger la salud de quienes habitan los pueblos o centros urbanos cercanos a los campos. Así y todo, los ministros no establecieron estas distancias preventivas.

Ante esta política que favorece a empresas como Bayer-Monsanto, los trabajadores del INTA se han manifestado en contra de este agronegocio y a favor de la salud: “No queremos un INTA al servicio de los agronegocios”.

El documento cuestionado habla genéricamente de “políticas públicas”, “recomendaciones”, “sustentabilidad” y “cuidado del medio ambiente”. Fue redactado por el denominado “Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios” del cual las autoridades del INTA forman parte.

Allí solo hablan de las “bondades” de los agroquímicos, pero nada dicen de la información científica generada en los últimos años sobre el perjuicio que estos pesticidas producen en el medio ambiente, en la salud de los animales y por supuesto, en la salud humana. Tampoco se hace mención a los reportes nacionales e internacionales sobre presencia de trazas de plaguicidas (moléculas sintéticas creadas por el hombre para controlar plagas y enfermedades) en los alimentos (verduras, miel, agua, cerveza, vino, etc.) y mucho menos a la percepción negativa de la población a que estas moléculas de plaguicidas sean liberadas al ambiente. No menciona a los trabajadores rurales que mueren envenenados con insecticidas organoclorados y fosforados, ni a sus hijos enfermos por tomar agua contaminada con agroquímicos, de la tierra y los ríos llenos de herbicidas.

También omite la resolución de la OMS y el IARC que declararon al glifosato como probable cancerígeno.

Recordemos que en EE UU, un tribunal de California declaró responsable a Monsanto en una demanda presentada por un trabajador jardinero que denunció que los herbicidas a base de glifosato de la compañía, incluido Roundup, le causaron cáncer, y ordenó a la empresa pagarle 289 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, rápidamente nuestro presidente Mauricio Macri y las autoridades de Senasa se apuraron a decir este fallo en EEUU “no cambia en absoluto la etiqueta de inocuo que el Gobierno le asigna al herbicida”.

Con mucho cuidado no habla de “pueblos fumigados” sino que prefiere utilizar términos más asépticos como “zonas de amortiguación” o “zona buffer”. Con nociones amigables como “fitosanitarios” este documento oculta que la utilización en grandes cantidades de productos químicos, prohibidos en los países desarrollados pero permitidos en Argentina, es una práctica corriente en la producción agropecuaria. Sus ideólogos evaden la cuestión de los efectos de mediano y largo plazo de los agrotóxicos, como carcinogénesis, teratogénesis, mutagénesis y disruptores endocrinos, manteniendo una clasificación toxicológica de bandas mentirosa y poco científica. Tampoco se hace referencia a los productos ya prohibidos que se utilizan de todos modos.

Lo que este “grupo de trabajo” persigue es la fundamentación de una ley que será confeccionada a medida de los intereses de las empresas monopólicas del agro y en contra de la calidad de vida de la población, del derecho a un ambiente saludable y, sobre todo, del derecho fundamental a alimentos libres de moléculas de plaguicidas.

Existen decenas de grupos de Investigación del INTA que se han expresado sobre el tema, como aquellos que han realizado estudios sobre los efectos de los agrotóxicos en distintas publicaciones. Pero estos estudios no pesan a la hora de la participación institucional del INTA en las comisiones multidisciplinarias impulsadas desde los gobiernos.

Por eso, plantear las “Buenas Prácticas Agrícolas” en la Argentina hoy es lavar la responsabilidad que tienen como científicos acerca de la peligrosidad de los productos que recomiendan.

Las autoridades actuales del INTA, profundizan la complicidad institucional en el establecimiento de los principios del “grupo de trabajo” y en el armado de una ley tendiente a proteger el negocio agroindustrial.

Ante esto, los empleados del organismo, reiteran su rechazo al paquete tecnológico impuesto por Monsanto-Bayer y las trasnacionales del agro, que sólo sirve para garantizar las ganancias de estas y sus empresarios asociados y va en contra de la salud de todos los habitantes de nuestro país.

Para finalizar, los trabajadores del INTA nucleados en su sindicato expresan que la institución debe dejar de ser defensora de estas grandes empresas, para enfocarse en mejorar los procesos productivos priorizando la salud de los trabajadores, del pueblo y el cuidado del medio ambiente.