Comerciantes rojenses están dejando trascender públicamente que deben pagar una “cuota” para poder abrir los fines de semana sus locales de esparcimiento nocturno.

Señalan a un sujeto que sería inspector municipal, quien junto a otra persona se manejan en uno de los móviles del municipio, recorriendo los negocios con la excusa de una inspección, para terminar “exigiendo” el pago que los habilite a funcionar.

Ambas personas, a pesar de movilizarse en un vehículo oficial, están vestidas de civil, sin uniforme o credencial que los identifique.

Cada fin de semana se repite esta conducta de la “cosa nostra” que, al entender de los últimos acontecimientos que están saliendo a la luz pública, sería uno de los tantos negocios oscuros que integran el portfolio de actividades lucrativas ilegales de funcionarios políticos (¿léase secretario de Seguridad municipal, Miguel Núñez?), judiciales  y policiales, que harían la vista gorda, mientras que lo que precisamente engordarían serían sus ingresos económicos.

Lo concreto es que los comerciantes, que bien vale aclararlo no son inocentes criaturas, ya no estarían en condiciones de seguir afrontando este “canon”  mafioso, que sumado a una caída de la actividad y al aumento de los costos fijos de funcionamiento, los está colocando en una situación financiera difícil de sostener.