LA PLATA, Agosto 23.-(Por Marisa Alvarez) "No tengo instrucciones", responde -mecánicamente a esta altura- el ministro Amado Boudou. Pero no es lo más grave. "No tengo instrucciones", dice también de manera sistemática el secretario de Hacienda Juan Carlos Pezoa, el hombre de Economía con línea directa y permanente con Olivos para tratar los asuntos más sensibles de esa cartera. Ambos, en fin, contestan con esa frase las consultas cada día más ansiosas de los funcionarios bonaerenses que buscan en la administración de Cristina Kirchner apoyo para sortear la asfixia financiera que, de acá a fin de año, le pronostican a la Provincia todos los cálculos.

En el gobierno de Daniel Scioli le sacaron punta al lápiz e hicieron las cuentas más finas. Y llegaron a la conclusión de que, aplicados todos los recursos financieros posibles y disponibles, el Estado bonaerense llegará a fin de año con "un faltante de efectivo" de 2.500 millones de pesos, equivalente -nada menos- al pago de un mes de los sueldos de los 450 mil empleados de la Administración provincial.

Tras haber negado durante meses que las dificultades iban a llegar hasta este punto -tener que pedir prestados fondos para poder pagar sueldos-, Scioli y sus ministros salieron esta semana a blanquear la gravedad de la situación. Salieron, en rigor, a instalarla.

LA HORA DE LA VERDAD

Arrancaron con los legisladores provinciales de todos los bloques. El ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, fue a hablar con ellos sobre el Presupuesto del 2010. Pero del futuro dijo poco. Se explayó en detalles sobre el delicado panorama que la Provincia atravesará hasta el 31 de diciembre.

Horas después les llegó la hora de la verdad a los intendentes peronistas del sur del Conurbano. Reunidos con el Gobernador y parte de su gabinete, los alcaldes se iban sucediendo en la descripción de las necesidades más acuciantes de sus distritos hasta que Arlía los frenó. "Antes de seguir con esto, quisiera explicarles la situación de la Provincia", dijo a modo de introducción de un informe que encuentra en el bache de 2.500 millones de pesos una dramática síntesis.

Es que no se trata sólo de que el Estado provincial deberá buscar financiamiento por ese monto sustancial para cubrir gastos corrientes tan esenciales como el pago de sueldos. Es que no hay seguridad alguna de que conseguirá que "alguien" le preste ese dinero. "Alguien" parece no existir.

EVASIVAS Y SILENCIOS

En el gobierno nacional, Scioli y sus hombres sólo encontraron hasta ahora evasivas -como las de Boudou y Pezoa- o, en el mejor de los casos, silencios (en términos prácticos y concretos, negativas) a dos planteos: una ayuda coyuntural, un auxilio financiero para salir del paso y sortear temporariamente el agujero negro abierto de acá a fin de año; y una asignación permanente al Estado bonaerense de mayores recursos en el marco de los fondos que recauda la Nación y reparte (o no) con las provincias.

El mercado internacional está vedado, por ahora, para el país y por supuesto para la Provincia. Y en el sistema bancario interno no parece posible que el gobierno bonaerense pueda tomar prestados 2.500 millones de pesos, y muchísimo menos a una tasa de interés mínimamente razonable. Que la Casa Rosada conozca mejor que nadie esta situación de "los mercados" torna más preocupante, para algunos habitantes -no todos- de la Gobernación, la impasibilidad de la administración Kirchner frente a las tribulaciones bonaerenses.

Pero además, y para el caso de que encuentre al "prestamista", la Provincia enfrenta impedimentos legales para endeudarse.

Sancionada en 2004 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites a los niveles de déficit y de endeudamiento de las provincias. Buenos Aires incumpliría ambas metas. Pero la norma les prohibe a las provincias, además, la emisión de cuasi-monedas como el patacón y endeudarse para gastos corrientes. Y el gobierno bonaerense, ya está dicho, necesita tomar fondos para pagar sueldos en tiempo y forma.

Durante semanas, el gobierno de Scioli gestionó que fuera el gobierno nacional el que impulsara una suspensión de esa ley. Pero tampoco este pedido ha sido contestado y ahora los bonaerenses se disponen a buscar un acuerdo con otras provincias que también afrontan asfixiantes situaciones financieras y encuentran en esa norma una valla infranqueable para tomar algo de aire.

DOS LECTURAS

El sinceramiento de la situación financiera tiene que ver, en fin, con las dificultades enormes que enfrentará la Provincia para financiar gastos básicos de acá a fin de año. Pero el blanqueo oficial no incluye un reconocimiento de la reticencia de la administración federal a responder a los pedidos de auxilio.

Quizás eso tenga que ver con que la lectura -y en consecuencia el nivel de preocupación- de esta situación y su evolución no es -una vez más- homogénea en el gabinete de Scioli.

Algunos ministros confían en que podrán tomar en el mercado interno unos 600 millones de pesos y, para la procuración del resto de los fondos, se aferran a la vieja ilusión que dice que "el gobierno nacional no puede dejar caer a la provincia de Buenos Aires porque se caería todo el país y él mismo".

Otros ministros no están para nada seguros, en cambio, de que los Kirchner crean en ese axioma. Y temen que, al frente de un gobierno que en medio de la crisis global mantiene -aunque muy reducido- el superávit de sus cuentas, apuesten a que la responsabilidad de un eventual estallido de una crisis en la Provincia quede limitada a la administración sciolista.(Fuente: EL DIA)