El hijo de una beneficiaria de PAMI se contactó con los medios de prensa para hacer públicas las dificultades burocráticas que deben cumplir para acceder a un beneficio de internación domiciliaria que provee de una sesión semanal de kinesiología y una visita de enfermería, también por semana.

Más allá que este vecino de nuestra ciudad, Mario Labuntes y su familia, consideran insuficiente esta cantidad de prestaciones semanales, la mayor complicación que padecen es tener que renovar la tramitación de esta internación domiciliaria cada tres meses, situación que implica que el médico de cabecera (a quien le agradecen por su compromiso) vuelva a redactar historia clínica y completar demás formularios y tener que esperar que la auditoria del PAMI apruebe la renovación, lapso en el cual siempre queda un bache en el que se quedan sin la cobertura.

Otro hecho que los agobia es que PAMI terceriza estos servicios de internación domiciliaria, en este caso a una empresa de Junín, la cual cuando se acerca el vencimiento de la prestación comienza a hostigarlos para que apuren la renovación.

Su mama esta en este estado de salud desde hace más de cinco años y desde ese momento deben, lidiar con estas dificultades, nos dice Mario, lo que ha ido afectando la calidad de vida de su madre.

En esta actualidad desde auditoría del PAMI le indican que todo se demora por las disposiciones que rigen en prevención de la pandemia. Pero desde la familia se sostiene que los inconvenientes los sufren hace mucho tiempo atrás y que lo que ha generado está pandemia del coronavirus es agravarlos.

Por estas horas han buscado asesoramiento legal y se está reuniendo documentación para presentar una demanda contra la obra social por “abandono de persona”.

Para finalizar tanto el señor Labuntes como su familia quieren dejar en claro que sus quejas no van contra los empleados del PAMI, puesto que entienden que no está en sus manos decidir estás cuestiones; sino que el planteamiento es hacia el sistema administrativo, su burocracia y la falta de compromiso de funcionarios como los auditores que toman decisiones sin advertir que detrás de un expediente hay personas que merecen un trato digno.