LA PLATA, Noviembre 08.-(Por Marisa Alvarez) Un caso de alto impacto reinstaló en la agenda pública de la Provincia un drama antiguo pero que se agrava sin pausa. El asalto en territorio del Conurbano al ex futbolista Fernando Cáceres, que desde entonces lucha por su vida, fue esta vez el detonador que volvió a ubicar en primer plano una realidad bonaerense que no empezó con esa terrible noticia: la de una ciudadanía que, sin distinciones socio-económicas ni regionales, vive jaqueada por la delincuencia y con miedo.

Según datos oficiales basados en los casos denunciados ante la Justicia, en la Provincia hay un robo con armas cada 11 minutos y en ese marco -el de los asaltos- un bonaerense es asesinado cada cuatro días.

Pero en los ámbitos oficiales responsables de la seguridad ciudadana, el caso Cáceres sólo "sirvió", lamentablemente, para desatar una puja pública de cada sector por poner las "culpas" en los otros, con cero autocrítica.

El gobernador Scioli apuntó a los menores de 16 años que cometen graves delitos y que no pueden ser juzgados ni puede, por lo tanto, disponerse su detención, y volvió a pedir que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años; un cambio que depende del Congreso nacional y, por ende, en buena medida de la voluntad de la Casa Rosada. "Hay un clamor popular de mayor dureza", opinó, para señalar, desde ese mismo concepto, que "hay que reformar leyes".

La edad de ingreso de los menores al sistema judicial penal es un tema duro y controvertido que el país debería debatir, con las opiniones de todos los especialistas de prestigio en la mano, para luego decidir qué quiere hacer. Sin embargo, los legisladores nacionales imponen de hecho una decisión -el piso está en los 16 años- sin la discusión seria y profunda que la gravedad de la situación y la extrema sensibilidad del tema merecen y exigen.

EN LA POLICIA, TODO BIEN

La creciente participación de preadolescentes en delitos gravísimos es una realidad que debe ser encarada con valentía. Pero la problemática de la inseguridad en la Provincia es sumamente compleja. Y con ese planteo, combinado con una cerrada, casi exaltada, defensa del funcionamiento y la actuación de la Policía, el Ejecutivo bonaerense puso, en las horas de indignado requerimiento social de explicaciones y medidas que desató el ataque a Cáceres, la responsabilidad de la situación en manos de los legisladores.

Menos sutiles fueron aún jefes policiales que hablaron en público de su "indignación" y su "bronca" con jueces que, según sus descripciones, nacieron y viven para liberar a los menores criminales que ellos detienen.

Pero esas expresiones públicas fueron pálidos, ínfimos reflejos del durísimo espíritu de confrontación que se ha desarrollado en la Policía con relación a fiscales, jueces y menores. En conversaciones reservadas, policías de todos los rangos describen el abismo que parece haberse abierto entre ellos y esos sectores en términos de antagonismo y, virtualmente, de enemigos. En sus relatos, ésas son las fuentes de todos los males y ése es todo el problema. No parece haber, en esa visión del mundo, delitos cometidos por mayores. Ni, por supuesto, fallas en la tarea policial.

Y definitivamente preocupante resulta que, con esas convicciones de la tropa coincidan la cúpula policial y la conducción del ministerio de Seguridad, del que depende la fuerza. En estos días en que la seguridad en la Provincia ha sido nuevamente puesta en debate por la gente, no se ha escuchado desde esas autoridades una sola admisión de, al menos, deficiencias menores en el accionar policial. Se sabe; si no hay autocrítica, no habrá soluciones.

De hecho, hace tres semanas, cuando fue asesinado Santiago Urbani en el Tigre y se supo que el patrullero que debía rondar la zona estuvo dos horas parado y ni siquiera reaccionó ante la movilización policial que generó el crimen, el ministro Stornelli rechazó denuncias de que sus ocupantes estaban dormidos afirmando que no se habían movido por problemas técnicos en el sistema de comunicaciones.

La esposa de Gonzalo Etcharrán, ultimado hace dos semanas en Ciudadela, se muestra conforme con que los asesinos hubieran sido detenidos a las pocas horas del crimen. Pero deduce: sabían perfectamente quiénes y dónde encontrarlos. Y pregunta: ¿no se podía haber hecho algo antes? La idea de que la Policía conoce en cada barrio a las bandas que los jaquean y que nada hace para pescarlas in fraganti, para actuar en el momento en que atacan, para frenarlas, no es, lamentablemente, una leyenda urbana.

NUMEROS Y SILENCIOS

La Justicia respondió la embestida de estos días con datos que señalan que se abren 75 investigaciones penales por hora en los tribunales de la Provincia, de las cuales 30 corresponden a la gama de robos, asaltos y secuestros extorsivos. Y muestran que en seis meses fueron detenidos 13.700 menores-mayores de 16, actualmente procesados en el fuero juvenil. El "mensaje" detrás de los datos es que la Justicia trabaja a destajo y que la Policía no para una. Pero ninguna voz judicial explica la extrema lentitud de los procesos penales, la baja eficacia en la tarea de esclarecimiento ni su grave incidencia en la problemática de la inseguridad.

Por su lado, los legisladores nacionales a los que apela el Gobernador desde un costado de la problemática, con excepción de un par de diputados bonaerenses opositores, respondieron -como el Ejecutivo nacional- con un silencio que bien podría ser interpretado como una indiferencia total por el drama que viven los bonaerenses. Es que ni siquiera hablaron para mostrar preocupación o para decir, si así fuera su convicción, que no deben cambiar ley alguna y que de ellos no depende una parte de la solución.

Así vivimos. Hasta que nos toque ser Urbani, Etcharrán, Cáceres y tantos otros de los que ni siquiera nos enteramos.(Fuente: EL DIA)