Por Martín López Lastra
Mientras seguían escribiéndose los capítulos de la novela pre-electoral en el amplio espacio bonaerense, irrumpieron acontecimientos que obligaron a un brusco cambio de rumbo a Daniel Scioli. El gobernador está acostumbrado a rutinas bien preparadas de actos y discursos floridos, pero no a los problemas de agenda que suelen producir las relaciones generadas desde el universo de más de 15 millones de personas.
La inseguridad es ese estigma que acompaña a los mandatarios en general y que demanda un seguimiento intenso, donde la gran satisfacción es lograr que nada explote en un terreno tapizado de una generosa capa de pólvora. También exige disponer de un esfuerzo en planificación y en ejecución de políticas para que los mecanismos de respuesta estén aceitados. Esto, con suficientes recursos de capacitación y sin "contaminación".
En este presente la inseguridad adquirió una politización y mediatización que le transfieren una permanente y latente vulnerabilidad a quienes deben dar respuestas de eficacia. Los gobiernos han caído en una trampa por entender que había que politizar al extremo el problema o ceder ante esas eventuales demandas de esa politización.
Esas demandas se transformaron en apetecibles situaciones de explotación por parte de medios que, amparados en su hegemonía, presionan a los gobernantes. En este caso, Scioli, constructor de gestión en base al amparo mediático, también sufre, hoy por hoy, ante aquellas empresas que no lo van a acompañar siempre y de la manera que él estime. La colusión o alianza que hoy señalan muchos especialistas, y que se produce entre determinados políticos y determinados medios -tal cual señala Heriberto Muraro-, no es eterna.
La referencia previa es, tal vez, obligada a lo ocurrido con un caso de inseguridad en la vía pública de un matrimonio en vías de ser familia y que se trunca por el accionar de delincuentes, iniciado en una zona que debiera contar con todas las garantías de custodia. Lo político, el sentido común y lo emotivo, como criterios de alta trascendencia periodística, transformaron a la salidera bancaria ocurrida en la capital bonaerense en el "caso" emblemático de agenda de la inseguridad.
No es gratuita la alusión al criterio casuístico que hoy domina el universo mediático y político Tiene, como afirman los expertos de ciencias sociales, un carácter sinecdóquico de mostrar la parte como si fuera el todo. Pero también alcanza las calidades de una trampa. Ni el final feliz de una toma de rehenes en un Banco de Pilar debía alentar la gloria eterna y la conquista de la solución totalizadora. Ni tampoco un caso negativo, aberrante, como los hubo y hay muchos, debiera debilitar en su base a una imagen de gestión.
Pero aceptadas las reglas de juego, después de los dividendos, vienen los fuertes pasivos por amortizar: porque hacen efímeros los logros y dejan pendientes las deudas que, a su vez, acreditan fuertes intereses con el paso del tiempo.
Este mecanismo solidificado de demandas sociales-mediáticas y de exigencia de respuestas a una gestión es la materialización de la trampa.
Las exigencias sociales, que nos son productos construidos, sino entidades concretas, derivan en necesidad de respuestas. Los tiempos de instrumentación que tal vez analizaban el gobernador Scioli y su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, no son tal vez los que se pensaban desde un principio.
Cerca de 16 proyectos se giraron en velocidad mach
Lo cierto es que no hay una regla o teorema -si existiera, sería todo muy fácil- que explique que la mayor cantidad de proyectos asegura una consecuencia directamente proporcional de tiempo en términos de paz o tranquilidad social. Para citar sólo un ejemplo, un ex ministro como León Arslanián, quien había girado el paquete legislativo tal vez más meditado y estudiado de los últimos tiempos, jamás dejó de ser prisionero de tales presiones.
Las presiones no constituyen un nuevo emergente o especie novedosa. Son, tal vez, el fruto del devenir sociohistórico y que motivó bibliotecas enteras. Porque las luchas sociales y de género, por caso, han demandado abundante producción jurídica. Sin abundar en disgresiones, el reconocimiento del derecho a la huelga del voto femenino y hasta del matrimonio se inscriben en esa especie.
El fenómeno de la fuerza instauradora del derecho, a través de legislación penal más dura, no es nueva. Hace recordar a Walter Benjamin en cuanto a las formas, cuando habla de la "violencia instauradora", a la cual le da carácter legítimo. Aunque claro que, en cuanto a contenidos de las presentes demandas, y por el origen ideológico de las usinas actuales de esas reformas, hay que describir toda una antípoda.
Así, a la agitada carrera electoral de Scioli, se le agrega ahora una no menos agitada etapa, en la cual su habitual eclecticismo puede ser contraproducente. Desde el garantismo y desde las demandas de mano dura, vendrá la intimación por definirse. En la primera postura el kirchnerismo ortodoxo como inscripción política operará como frontera. En la segunda, sus amigos -aliados de la colusión de grandes medios y distintos sectores sociales-, lo emplazan a abrazar incondicionalmente la segunda causa.
Sólo restan, en este caso, dos salidas. Una de ellas es una explicación, para nada oportunista y bien fundamentada, de su eclecticismo. La otra es la definición. No se cree que haya mucho tiempo para la opción, si no se desea incurrir en el desencanto y el esmerilamiento del vínculo afectivo con sus seguidores.
Fuente: NOVA