Como ha trascendido, es de público y notorio conocimiento que la Municipalidad está atravesando un difícil momento económico para cumplir con el pago de sueldos y gastos corrientes.

Básicamente por la inusitada cantidad de empleados que ha ido incorporando desde diciembre de 2015 a la fecha, y el descarado aumento de la planta política con puestos jerárquicos que se aumentaron los sueldos básicos al máximo permitido y,  a su vez los engrosan con el tope del 70 % de dedicación funcional, que tanto criticaron a la gestión anterior y prometieron en campana no utilizar.

Y como si esto fuera poco, cuando el intendente decide cambiar algún funcionario; al reemplazado no se le pide la renuncia, y se lo deja en la plantilla política con el mismo sueldo y sin tarea conocida. Como el caso de Osmar Vivero-Osvaldo Maggiolo – o la Dirección de Compras o la Dirección de Recursos Humanos.

En estas dependencias se dan las situaciones, que quienes ejercen la función en forma evidente, participando incluso de actos legales como una licitación, o declarando ante la prensa, no son los que figuran en carácter oficial en el organigrama municipal.

O se da el caso de que nombran a personas como Salvador Lobartolo, jefe de Inspectores, y que por encontrarse jubilados del Estado, no pueden percibir remuneración de la administración pública en forma simultánea con la jubilación y deben optar que cobrar. 

Y en esta área se da la circunstancia que, en los hechos no se los ve ejercer su cargo tanto a Lobartolo, como a Ramón Castro quien, como funcionario, no da el ejemplo estacionando desde siempre su auto arriba de la vereda. Infracción que al resto de los vecinos se les sanciona.

En la misma situación se encuentra la hermana del señor intendente, y en estos ejemplos no brinda el Municipio, ni los involucrados, información alguna al respecto. Figurando en los papeles otras personas como responsables de los cargos, pero en los hechos, es público que aquellos tienen una actuación en la gestión.

Si todas estas situaciones irregulares se corrigieran, y si la dedicación funcional se utilizara racionalmente, tal vez no sería necesario despedir a las 50 cooperativistas, que se ganan su salario dignamente, y no participan de este despilfarro indecente y deshonesto de los recursos públicos.