La muerte de Úrsula Bahillo a manos de su ex pareja, el policía Matías Martínez, sigue generando fuerte revuelo tanto por la conmoción que causó a nivel nacional como por las repercusiones que el caso está teniendo en los ámbitos judiciales, debido a la falta de actuación de jueces y fiscales para proteger a la víctima.

Se supo que Martínez tenía al menos 14 denuncias en diferentes comisarías de la zona, la mayoría por violencia de género e incluso algunas por abuso sexual, por lo que existía un pedido de detención que fue desestimado de forma sistemática por el juez Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 de Mercedes.

El 4 de febrero fue la última vez que la fiscalía insistió con el pedido de detención, luego de que la justicia desestimó un pedido de eximición de prisión que había presentado como estrategia de defensa el abogado del femicida, en el marco de otras causas que pesan sobre su cliente.

Sin embargo, el magistrado interviniente no avanzó con el pedido y lamentablemente la historia culminó con la muerte de Úrsula, que se podría haber evitado si su agresor estaba en prisión, tal como lo pidió el fiscal.

La otra figura que se encuentra complicada es el juez de paz local, Luciano Callegari, quien reconoció que tras recibir tres denuncias por hechos de violencia que sufrió la víctima ordenó que le entregaran un botón antipánico. "Desde mi función como juez de Paz no puedo disponer ninguna detención”, aclaró a la prensa intentando despegarse de la muerte.

Sin embargo, no hay registro de ningún seguimiento de la orden de entrega del botón antipánico por parte del juzgado de paz, lo que equivale a decir que el juez nunca corroboró o certificó que la orden hubiera sido cumplido en tiempo y forma, por lo que también está siendo apuntado por la familia de Úrsula.