Dos meses atrás la muerte de Úrsula Bahillo a manos de su ex novio, Matías Martinez, conmocionó al país y puso nuevamente en agenda la necesidad de que la justicia y las fuerzas de seguridad actúen con mayor celeridad para evitar los casos de femicidio, y aunque el caso ocupó las primeras planas nada cambio y la víctima sufre los desmanejos de funcionarios que parecen esquivar el debido proceso.

En ese sentido se conoció que el fiscal del caso, Sergio Terrón, le facilitó en las últimas horas una copia del expediente a Miguel Angel Nuñez, funcionario del gobierno municipal de Rojas y conocido como uno de los "pesados" de la gestión de Claudio Rossi.

Nuñez se enteró que estaba siendo investigado junto con el jefe comunal del radicalismo, por lo que decidió avanzar con una maniobra completamente ilegal, para acceder a los datos filiatorios de todos los testigos que figuran en la causa y que podrían apuntar contra la inacción del gobierno local para poder "apretarlos" y hacerlos desistir en su declaración.

La denuncia fue presentada públicamente por el ciudadano Maximiliano Pansú, aunque por el momento ningún funcionario judicial decidió tomar el caso , quizá en un intento de proteger a Terron y a sus socios de Juntos por el Cambio.

Vale recordar que Nuñez es abogado, pero tiene el título bloqueado por ejercer como funcionario, es decir que no puede presentarse como patrocinante de ninguna persona, básicamente porque no está autorizado a ejercer como abogado, por lo que su acceso al expediente es completamente ilegal.

En el entorno de la familia de la víctima temen que la evidente protección política que Terrón ejerce hacia Rossi y Nuñez, termine perjudicando toda la investigación en beneficio de Martínez, que hace alrededor de un mes ya fue condenado a 4 años de prisión por el delito de amenazas contra otras ex pareja, otra causa que tramitó el mismo fiscal.

Los trascendidos indican que Martínez logró la libertad por pedido directo del intendente, para quien actuaría como fuerza de choque en negocios oscuros que se desarrollarían bajo la fachada del Estado Municipal.

En ese sentido, las sospechas apuntan no tanto a la protección del femicida de Úrsula, sino a evitar que en la investigación de este caso salgan a la luz los verdaderos desmanejos del gobierno local y sobre todo la protección que de manera permanente le garantizar Terron desde su fiscalía.