La laguna que comparten Santa Fe y Buenos Aires, está recibiendo un inmenso caudal de agua propio de las precipitaciones y la presunción de que existan canales clandestinos.  Héctor Plou habría paralizado obras que permitían descomprimir el nivel, todo para favorecer a un productor agropecuario y ahora se corre el riesgo de inundación en los pueblos y el corte de la ruta 7 y la vías del San Martín.

“Para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada”, decía el periodista y escritor estadounidense Henry-Louis Mencken.

Eso parece suceder en torno a la emblemática laguna La Picasa, un espejo de agua en la que comparten jurisdicción tres provincias, como la de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y que ha generado rispideces entre ellas en los últimos años, lluvia mediante.

En la década del ‘90 la ruta 7 quedó inutilizada por 8 años, hace poco en 2017 un nuevo desborde produjo que durante casi cuatro años se cerrara la carretera nacional y también el paso del ferrocarril. Casi un lustro llevó recomponer la cinta asfáltica y la red viaria de un circuito que tiene importancia no sólo nacional sino internacional por su comunicación con Chile y ni pensar en las necesidades de los pueblos de su entorno que deben dar giros inconmensurables para poder visitarse entre sí.

Ahora, después de un par de años de sequía en la región, la naturaleza está tratando de compensar aquellas carencias y se han registrado fuertes precipitaciones en el ámbito que circunda a La Picasa, lo cual motiva que ya comience a desbordarse.

¿En qué quedaron las conversaciones interprovinciales? En nada. ¿Y las soluciones? Sólo en proyectos.

¿Y los problemas? De esos sí hay para sumar, incluso la aparente intervención de la justicia federal de Junín que hizo que el juez Héctor Plou pueda convertirse en el principal responsable de que acontezca otro desastre hídrico en la región.

A principios de mes el gobierno santafesino ordenó el urgente envío de maquinarias que se suman a las destacadas en la zona para avanzar con los trabajos que se venían realizando ante el aumento del caudal de agua que venía ingresando a La Picasa y se había convocado a las provincias de Córdoba, Buenos Aires y a la Nación a dos jornadas de trabajo para anticiparse a la situación que, ante las copiosas lluvias caídas se precipitó. Asimismo tras las jornadas de recorrida y análisis del territorio, todos coincidieron en que las mayores dificultades radican en el ingreso de agua a través de canales clandestinos que realizan algunos productores agropecuarios para sacar el agua de sus campos.

Esta actitud, a todas luces ilegal contrasta con una medida que habría tomado el Juez Plou, al paralizar las obras que se venían llevando a cabo tras la denuncia realizada por un productor agropecuario.

Consultado por Semanario, el magistrado dijo no poder “brindar la información solicitada” y al repreguntar acerca de si existió tal causa, directamente no contestó.

Lo que se indica a nivel periodístico es que hace algunos meses un productor de Junín inició acciones legales contra el Estado Provincial y el Estado Nacional por la inundación de terrenos productivos de su propiedad. Por este motivo, el fallo de la justicia federal estableció una indemnización por una determinada suma de dinero, pero además, la paralización de las obras de la zona del Comité Interjurisdiccional de la Laguna La Picasa, lo que generó que muchas de las obras necesarias hoy para poder contener el agua, no se puedan culminar.

Lo lamentable es que no se pueda conocer el fallo federal y en qué pericias de la ingeniería hidráulica se valió el juez para tomar una decisión que ahora pone en riesgo inminente de inundación a los vecinos de ciudades populosas como Rufino y Aarón Castellanos.

Plou tiene buena llegada con los productores agropecuarios, a diferencia de su par de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien lleva adelante una verdadera cruzada contra las fumigaciones con agrotóxicos y la temática ambiental.

Ahora, según pudo saber Semanario legisladores santafesinos y una diputada nacional por esa provincia tomaron cartas en el asunto frente a la determinación del juez Plou y en un trabajo conjunto entre los representantes del Bloque UCR-Evolución y el senador Lisandro Enrico su exigencia de soluciones a la problemática de la Laguna La Picasa, llegó al Congreso de la Nación a través de un Proyecto de Declaración presentado por la diputada nacional María Victoria Tejeda (UCR).

El pedido ingresado oficialmente por la legisladora radical pretende que el gobierno nacional interceda para la pronta resolución “de un conflicto judicial que paraliza las obras de la zona del comité interjurisdiccional de la Laguna La Picasa”, -que abarca las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires- permitiendo “su inmediato restablecimiento a los fines de limitar y controlar los aportes de agua que ponen en riesgo a miles de hectáreas productivas de la región”.