Un hombre de 37 años, oriundo de la localidad bonaerense de Rojas, se encuentra detenido desde hace cuatro meses en una cárcel de Junín acusado de ser un dealer, y su denuncia de que se trata de una causa armada por la justicia y la Policía, está desde las últimas horas en el análisis del Tribunal de Casación Penal Bonaerense.
Se trata de Matías Preciado, el que desde que inició una huelga de hambre perdió veinte kilos y estuvo internado al sufrir una descompensación.
El abogado defensor de Preciado, Eduardo Aguilar, presentó un escrito ante el juez para oponerse a la requisitoria de elevación a juicio y pidió el sobreseimiento del detenido.
El letrado solicitó también que la causa pase al fuero federal debido a que su defendido denunció por corrupción a funcionarios judiciales de la justicia provincial.
El requerimiento de sobreseimiento se basa en la falta de pruebas: no hay registro de la presunta llamada telefónica donde denuncian a Preciado por vender drogas, la que habría sido recibida en una comisaría federal de Pergamino, justamente donde trabajaban policías a los que el acusado había denunciado por corruptos.
Además, el análisis de la presunta cocaína secuestrada en la casa del padre de Preciado en el barrio Covendiar de Rojas, dio como resultado que se trataba de leche en polvo, aseguraron desde la defensa del detenido.
Se trata de dosis de presunta droga la que había sido plantada en la casa del progenitor de Preciado.
Por tal razón la defensa del detenido afirma que la carátula de la causa, tenencia de estupefacientes para su comercialización no tiene sentido: no había estupefacientes y no hay pruebas (fotos o videos) de comercialización.
La apelación a la requisitoria de elevación a juicio pasó a Casación y el Tribunal de alzada analiza el sobreseimiento de Preciado.
El detenido persiste en la huelga de hambre y son familiares de varios imputados de presuntas causas armadas los que se han manifestado pidiendo justicia en la plaza San Martín de Rojas.
En los reclamos de los familiares de varios jóvenes involucrados en causas penales, los vecinos pidieron para que echen a los dealers de la ciudad, y afirmaron que la Policía los conoce y saben cómo operan.
En la causa de Preciado las inconsistencias judiciales son alarmantes, explicaron desde su defensa: no hay registro de la llamada denunciante, el allanamiento en la casa del padre del sospechoso se efectuó sin pruebas, y a los testigos civiles se les permitió pasar una vez que plantaron la droga trucha, afirmaron que la madre del ahora detenido recibía los estupefacientes y resulta que Preciado tenía una prohibición de acercamiento a la vivienda de su progenitora.
Por las denuncias de Preciado, varios policías fueron echados de la fuerza y eso explicaría el encono de la Policía Federal hacia el detenido.
Mientras tanto Preciado, que lucha por justicia, pone su vida en peligro con una huelga de hambre.
