Durante los últimos meses, distintos colegios de Junín estuvieron en jaque por las constantes amenazas de bomba. Debido a ello, la DDI local llevó adelante una serie de investigaciones que arrojaron un sorpresivo resultado: los titulares de las líneas de celulares desde donde se hicieron las llamadas resultaron ser el concejal massista Claudio Martínez y Marcela Giordano, identificada como la esposa de un "puntero político", delegado gremial de los municipales y barra de Sarmiento, Mario Panero.
De este modo, ambas personas fueron detenidas acusadas de intimidación pública. Según lo declarado, las llamadas habrían sido realizadas por sus hijos o allegados, pero al ser los titulares de las líneas desde donde partieron las comunicaciones, fueron apresados.
Según indicaron fuentes policiales a NOVA, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de cuatro domicilios que arrojaron la detención del presidente del bloque de concejales del Frente Renovador de 42 años y la esposa del puntero político.
En principio, quienes habrían realizado las llamadas serían los hijos de cada uno, que en el caso de Martínez, sería un menor de 13 años y en tanto, por parte de la mujer, habría sido su hija de 16 años.
Al momento de las detenciones en ambos domicilios se secuestraron dos teléfonos. De acuerdo a la investigación, los dos dispositivos celulares eran utilizados por los hijos de los detenidos.
Rápidamente, en la ciudad comenzó a discutirse si las amenazas se dieron en el marco de una intencionalidad política que busca debilitar al Gobierno o, simplemente, fueron travesuras de niños. Según lo indicado, parecería ser una macana de chicos que la debieron pagar los grandes.
En la causa, intervienen el Juzgado Federal N° 1 de Junín y la Fiscalía Federal Única también de ese departamento Judicial. Estas actuaciones de la Justicia representaron una segunda ola de allanamientos respecto a las falsas amenazas de bomba en los colegios de Junín.
La semana pasada se habían realizado otra tanda de procedimientos en los que se detuvieron a seis personas, cinco mujeres y un hombre: Sonia Blaiotta, Agustín Iurescia, Valeria Di Marco, Cecilia Ojeda, Analía Cernadas y Mabel Cabral. Todos argumentaron que los dispositivos secuestrados a su nombre eran utilizados por sus hijos.
