Esta situación fue denunciada en la Defensoría del Pueblo, sobre el fin de la semana pasada, y este lunes fueron cursadas las intimaciones a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, aguardando la respuesta para dar una solución a la vecina que planteo el caso.

Se trataría de una familia domiciliada en el Barrio Nehuenche, no conociéndose más detalles sobre las tramitaciones y negociaciones previas, en caso de haber existido, para no llegar a la suspensión del servicio.

De confirmarse, se trataría del primero que ocurre en la Provincia, con el fallo judicial en vigencia que ordena a las empresas abstenerse de cortar el gas por falta de pago por 90 días.

Los puntos más salientes de la decisión judicial son los siguientes:

“El magistrado advirtió que la accesibilidad al servicio público de gas de los sectores más vulnerables es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado Nacional, por lo que el corte de suministro derivado de la falta de pago podría afectar el derecho a una vivienda adecuada. Además, el fallo ordena que las empresas prestatarias, previo corte o suspensión del suministro de gas, deben acreditar la situación de vulnerabilidad de los usuarios. Asimismo, destacó que el gas  “no puede convertirse en un bien suntuario de acceso limitado sólo para determinados grupos. En caso de que la empresa no cumpla con el procedimiento administrativo de escuchar al usuario y dejar asentada su situación, se le impondrá una multa de entre mil a 100 mil pesos por cada corte ilegítimo”.

Y más allá del hecho concreto que sufre esta familia rojense, no hay que dejar de reconocer la buena predisposición en general que tienen los integrantes de la oficina local de Camuzzi, para agotar todas las instancias, antes de llegar a la suspensión del servicio, por lo cual esto hace más necesario una rápida aclaración del tema, para que se vuelva a reponer el suministro.